Gobierno aborda el caso Bernarda Vera: Suplantación reabre debate sobre el Plan Nacional de Búsqueda

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado oficial refiriéndose al caso de Bernarda Vera, inscrita en el Informe Rettig como detenida desaparecida desde 1991, luego de que reportajes periodísticos revelaran que la mujer se encontraría viva en Argentina. El caso ha reabierto un debate histórico y jurídico en torno al registro de las víctimas de la dictadura y la rigurosidad del Plan Nacional de Búsqueda.

Bernarda Vera, profesora primaria y militante del MIR, fue consignada como detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún y presuntamente ejecutada en el puente Villarrica. Su familia, que la buscó por años, recibió incluso reparaciones y una pensión del Estado.

Incongruencias y la Pista Sueca
Una investigación reciente de Chilevisión asegura que Vera logró escapar hacia Argentina y, posteriormente, obtener la nacionalidad sueca.

El Ministerio de Justicia indicó que el caso ha sido objeto de una "larga y rigurosa investigación administrativa" por parte del Programa de Derechos Humanos desde inicios de 2024.

Durante esa indagatoria, el Programa identificó "incongruencias en los relatos de algunos testimonios". Aunque la solicitud de información a diversas instituciones nacionales e internacionales no arrojó resultados concluyentes en 2024, el escenario cambió en mayo de 2025, cuando el Estado sueco aportó documentos.

El Ministerio fue enfático en señalar que la información recibida de Suecia "no es concluyente" para conectar la identidad con la de la víctima calificada, pues carece de datos biométricos o trazabilidad documental. No obstante, el peso de los nuevos antecedentes llevó a las autoridades a instruir que se remitieran al Ministro en Visita Extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, quien abrió un cuaderno reservado para ahondar en la búsqueda.

Gobierno evalúa acciones legales
El comunicado cierra destacando que el Plan Nacional de Búsqueda continuará trabajando en pos de la verdad, la justicia y la reparación.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al caso este lunes, señalando que "el Gobierno está estudiando una querella" respecto a la situación de la reparación económica. Sin embargo, Cordero hizo un llamado a la prudencia, aclarando que "la hija de Bernarda Vera y su familia (en Chile) han actuado de buena fe y con total desconocimiento" de la irregularidad.