Tras la fuga de tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) de Gendarmería difundió un comunicado en el que advirtió que el sistema carcelario se encuentra en "una situación de colapso" y que "se encuentra expuesto a hechos aún más graves".
Los oficiales recordaron que han advertido "en reiteradas ocasiones" a las autoridades sobre la fragilidad del sistema, el cual está "literalmente en una situación de colapso ante el hacinamiento histórico, la falta de personal y la deteriorada infraestructura".
De acuerdo con las cifras entregadas, "la cárcel de Valparaíso el año 2022 mantenía una población promedio de 2.300 internos, las que al día 31/07/2025 totalizan 3.578, para un recinto que cuenta solo con 1.864 plazas (192% de ocupación), y que contrariamente la dotación se disminuyó en 35 funcionarios, que se traduce en turnos extenuantes y agobiantes para nuestro personal".
Además, destacaron que a comienzos de 2022 había 38.752 personas privadas de libertad en Chile, cifra que se elevó a 61.137 al 31 de julio de este año.
Esta situación, señalaron, "se ha traducido en niveles históricos de hacinamiento, con recintos por sobre el 300% de ocupación, que mantienen a la población penal en condiciones deplorables que constituyen una vulneración constante de sus derechos humanos, y que sin duda han precarizado enormemente las condiciones laborales del personal de Gendarmería, que a pesar de las posibles fallas que en ningún caso se pretenden justificar, realizan un tremendo esfuerzo por sostener el sistema penitenciario".
La ANOP subrayó que "resulta insensato pretender superar esta grave crisis solo buscando responsabilidades en el personal o removiendo de sus cargos a las jefaturas".
En el documento añadieron que "ambos estamentos son los que sostienen un sistema abandonado por el Estado y los Gobiernos de turno, que son incapaces de prever y proyectar el sostenido aumento de la población penal y la instalación del crimen organizado en las cárceles del país y con ello, implementar soluciones efectivas a la grave problemática, lo que tiene un impacto directo en la seguridad pública, por lo que las responsabilidades también deben ser asumidas por quienes tienen las obligaciones de dotar a Gendarmería de los recursos suficientes".
Asimismo, plantearon que el "nivel de improvisación y desafección de la grave crisis es tal, que actualmente ni siquiera se encuentran cubiertas las plantas del personal, como tampoco se ha nombrado al Director Nacional de Gendarmería, cargo que se encuentra vacante hace más de un mes".
Advirtieron también que "ante esta difícil realidad, advertimos que el sistema penitenciario se encuentra expuesto a hechos aún más graves, como las planificaciones de fugas masivas en recintos de la zona norte mediante la utilización de explosivos, puesto que las capacidades de los recintos se encuentran largamente superadas".
Finalmente, hicieron un "llamado urgente al Gobierno" a "generar un aumento significativo de la dotación y corrección de la carrera funcionaria; la ampliación de la infraestructura carcelaria, y; dotar de tecnología y sistemas que eviten al máximo las fugas o libertades erróneas como ha venido ocurriendo lamentablemente, puesto que estos hechos afectan la seguridad pública y de la ciudadanía".
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