La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, decidió suspender de sus funciones a la jueza Irene Rodríguez, quien había liberado al sicario Alberto Mejía Hernández, conocido como el asesino del “Rey de Meiggs”. La suspensión se extiende también a otra funcionaria del Poder Judicial, cuyo nombre y cargo no han sido revelados. Esta medida es parte de un sumario disciplinario instruido por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 15 de julio.

La liberación de Mejía Hernández ha sido una cadena de errores que involucra una autoidentificación falsa, así como dardos cruzados entre el Poder Judicial, Gendarmería y el Ejecutivo. El detenido se había identificado inicialmente como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, lo que no pudo ser corroborado de inmediato. Posteriormente, se confirmó que su nombre real era Alberto Carlos Mejía Hernández.

En el primer comunicado del 8° Juzgado de Garantía de Santiago a Gendarmería, que indicaba su ingreso a prisión preventiva, el nombre del imputado presentó un supuesto error de tipeo. Tras esto, se emitieron otros dos oficios: uno revocando la medida cautelar y ordenando su libertad, y el siguiente ordenando su ingreso con el nombre corregido. Pese a contar con este último comunicado, Gendarmería igualmente lo dejó en libertad.

Lo último que se supo del imputado es que pagó un viaje de más de dos millones y medio de pesos desde Estación Central hacia Iquique, y luego salió del país con destino a Perú. La Interpol ya ha emitido una alerta roja para su captura, sin que hasta el momento se haya logrado su recaptura.