La Fiscalía Regional de Tarapacá informó este lunes que la Fuerza Aérea (FACh) rechazó entregar los antecedentes relacionados con la detención de cinco de sus funcionarios, quienes fueron sorprendidos intentando trasladar droga a bordo de un vuelo institucional con destino a la Región Metropolitana.

Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, explicó que el Ministerio Público solicitó formalmente los antecedentes tras enterarse el viernes de que los cinco miembros de la FACh eran imputados por tráfico ilícito de estupefacientes. Sin embargo, la FACh respondió que ellos son los competentes y, por lo tanto, no procede derivar ningún documento a la justicia ordinaria, es decir, al Ministerio Público.

Ante la negativa de la entidad castrense, el Ministerio Público anunció que el próximo paso será solicitar una "audiencia de contienda de competencia" ante la Corte de Apelaciones de Iquique. Con esto, buscan que el tribunal resuelva si será la justicia civil o militar la encargada de investigar el caso.

La Fiscalía argumenta que el delito de tráfico de drogas no está tipificado ni estipulado en el Código de Justicia Militar, por lo que, a su juicio, la investigación debería recaer en la justicia ordinaria.

La droga incautada, según fuentes conocedoras de la investigación, corresponde a ketamina. Este estupefaciente es comercializado por carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el Tren de Aragua, lo que abre nuevas líneas investigativas para entender cómo el crimen organizado está logrando permear instituciones como la Fuerza Aérea.

Una nota del diario La Tercera también reveló que, desde 2016, se han dictado 25 condenas relacionadas a delitos de drogas en las Fuerzas Armadas por la Corte Marcial, que revisa delitos en actos de servicio.

Opinión de Chile Transparente: "Daría más confianza la justicia civil"
El presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente), Alejandro Ferreiro, fue consultado sobre las competencias legales del caso, señalando que será "una muy interesante discusión respecto a la competencia de los tribunales".

Ferreiro recordó que "hemos visto en los últimos 30 o 40 años, incluso durante la dictadura, la discusión respecto de a quién servía la justicia militar: si a la protección de los militares involucrados o a la aplicación efectiva de la justicia".

En ese sentido, enfatizó que "si bien esto ocurre en el marco de actividades de la FACh, se trata derechamente de un delito común gravísimo". En consecuencia, y sin conocer los textos legales que puedan estar en juego, "me parece que le daría más confianza a la ciudadanía que sea la justicia civil y el Ministerio Público los que tengan competencia para juzgar un caso de aparente colaboración con el narcotráfico", puntualizó.