Vallejo apunta al gobierno de Piñera por entrega de pensiones de gracia a personas con delitos graves
Agregó que la actual administración se ha "hecho cargo" de modificar las irregularidades porque "ha sido un error" entregar financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social.
La portavoz gubernamental, Camila Vallejo, aclaró algunas incertidumbres respecto a los criterios para anular pensiones de gracia otorgadas a individuos con antecedentes penales. Resaltó que las anomalías en la concesión de estas pensiones recaen en la administración anterior.
Vallejo explicó que "nuestro Gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas a las pensiones de gracia. Porque esto ha sido un error, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro Gobierno. Así se determinó en un reglamento en últimos meses de la administración anterior, y nosotros hemos cumplido con eso, pero hay que revertirlo, y lo revertimos. Nos hicimos cargo y corregimos eso".
Asimismo, mencionó que "propusimos modificaciones legales para que la ley, si es que la aprueba el Congreso, exija respecto a este tipo de financiamiento, primero, tener a la vista los antecedentes penales, y segundo, si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termina la pensión de gracia".
En este marco, Vallejo instó a los parlamentarios de oposición a evitar críticas políticas constantes, destacando que "han querido pasar cuentas políticas a nuestro Gobierno" y que "por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves".
También abordó futuras acciones en relación con la revocación de estos beneficios, anticipando más anulaciones adicionales a un caso ya conocido de producción de pornografía infantil.
Sobre los criterios de revocación, mencionó que se enfocarán en "delitos de alta connotación, esto es homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, que a lo mejor algunos tienen bajas penas, pero son de alta connotación y son graves".
Aseguró que se buscará excluir casos como los de trauma ocular por violencia estatal, aunque "hasta el momento no hemos identificado ningún caso de trauma ocular severo y que además tenga un antecedente penal de alta connotación".
No obstante, dijo que hay un caso "probable" de la administración anterior y que además tendría una condena, "en ese caso lo que tenemos que ver es que si efectivamente ese trauma ocular que se señala está debidamente acreditado (…) pero no debería suceder que confluyan esos dos elementos".
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de exigir la devolución de fondos, Vallejo aclaró que "no ha sido ni la propuesta de cambio legislativo ni es un elemento considerado en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo (...) Difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido".