Nicolás Peña Palomera (34), uno de los denominados “presos de la revuelta” en el contexto del estallido social, está prófugo después de recibir una condena de 10 años de prisión, según lo informado por La Tercera.
El 30 de julio de 2021, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric visitó a los detenidos en la cárcel Santiago 1, donde fue confrontado y agredido. Durante esa visita, Piña tuvo una conversación con el actual mandatario mientras estaba sujeto a prisión preventiva.
Según el mismo medio, el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Piña a siete años de prisión como autor de un intento de homicidio de carabineros en el ejercicio de sus funciones, además de tres años y un día de reclusión por el delito consumado de lanzamiento de artefacto incendiario.
Después de recibir una sentencia de 10 años de cárcel, el ingeniero debía regresar a prisión, ya que estaba en libertad bajo la medida cautelar de arraigo desde agosto de 2021.
Ante esto, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron la prisión preventiva hasta que la sentencia fuera firme. Sin embargo, el tribunal no aceptó esta solicitud argumentando que Piña había asistido a todas las audiencias y no representaba un riesgo de fuga evidente, hasta ese momento.
A pesar de esto, los acusadores apelaron a esta decisión: “Solicitamos la imposición de la prisión preventiva en contra del ahora condenado, en base a las nuevas circunstancias, las que permitirían sostener que la prisión preventiva del imputado resultaba indispensable atendido a que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y al existir un evidente peligro de fuga”
La Corte ordenó la prisión preventiva para Piña, pero no pudo ser notificado ya que no se encontraba en su domicilio cuando la policía llegó.
La Fiscalía solicitó una orden de detención en su contra, dejándolo en “calidad de prófugo de la justicia”.
Cabe señalar que la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, el cual fue acogido, pero aún no se ha tomado una decisión al respecto.
El 19 de octubre se emitió la orden de detención y se encuentra en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.
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