La Fiscalía de Antofagasta ha intensificado sus investigaciones en relación al Caso Convenios, que ha capturado la atención pública y suscitado preocupación en todo el país. Tras casi dos meses desde el inicio de las pesquisas, un total de 53 fundaciones se encuentran bajo el escrutinio del Ministerio Público por su presunta participación en acuerdos de colaboración con el Gobierno, cuyo monto global supera los $32 mil millones.
La indagación se centra en los detalles de un acuerdo que asciende a $432 millones, suscrito entre la Seremi de Vivienda y la entidad Democracia Viva, con sede en la región de Antofagasta. Según fuentes cercanas a la investigación, esta situación ha llevado a la Fiscalía a ampliar su búsqueda a un total de 23 casos distintos, los cuales abarcan a 53 corporaciones. Estas entidades tienen una presencia diversa en varias regiones del país, lo que ha arrojado una red compleja de transacciones y acuerdos que están siendo minuciosamente revisados.
En medio de estas averiguaciones, la Contraloría General de la República emitió un veredicto el pasado 29 de julio, declarando ilegales un total de 29 convenios que se habían establecido entre el Estado y diversas fundaciones a lo largo del presente año, involucrando una cifra estimada de $13 mil millones.
La pesquisa ha revelado que los convenios bajo investigación incluyen tanto transferencias de gobiernos regionales a fundaciones, en un número de 40, como también transferencias desde reparticiones del Gobierno central, contabilizando un total de 24 casos. La suma total involucrada en estos acuerdos se eleva a la significativa cifra de $32.156.274.081, lo que ha acentuado la gravedad del caso.
Es importante destacar que la Fiscalía mantiene ciertos antecedentes bajo reserva, lo que implica la posibilidad de que el monto total de los convenios en cuestión sea aún mayor de lo actualmente reportado.
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