Ministro Cordero asegura que diputada Catalina Pérez no estaría vinculada a Caso Convenios

El Ministro de Justicia, Luis Cordero, hizo referencia a la declaración de ilegalidad de 29 convenios suscritos por el Estado con fundaciones, por un total de $13 mil millones, emitida por la Contraloría.

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, Cordero destacó que se enfrenta a un "problema estructural", en concordancia con las declaraciones previas del Ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien atribuyó la crisis a un defectuoso sistema.

“Lo primero es que tenemos un abuso del clasificador presupuestario. La mayoría de estos convenios, si no todos, están hechos con transferencias de capital genera varias consecuencias: la primera, que es la regla general, es que no se exijan boletas de garantía por la naturaleza de esas transferencias”, afirma Cordero.

Además, resaltó otro incentivo problemático, donde una vez que se efectúan las transferencias, para el Estado y para quien las recibe, se considera que "la ejecución presupuestaria se entiende agotada, por lo tanto, el incentivo a realizar transferencias para poder cumplir con la ejecución presupuestaria es extremadamente alto".

El Ministro también señaló que algunos casos podrían calificarse como actos de corrupción, mencionando específicamente el ejemplo de la Fundación Democracia Viva.

"Usted puede entender corrupción como la infracción a la ley, o la comisión de delitos. Pero hay una segunda acepción, que es la que en principio nosotros debiéramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito", aseguró.

En cuanto al caso de la Fundación Democracia Viva, Cordero destacó la existencia de una "suscripción de un acuerdo con conflicto de interés", considerando esta situación como un ejemplo de corrupción en la segunda dimensión mencionada.

No obstante, aclaró que la responsabilidad recae en los particulares que suscribieron el convenio y afirmó que no existen pruebas que relacionen a la diputada Catalina Pérez con dicho acuerdo. "No hay antecedentes que den cuenta de participación activa de ella", sentenció.

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