Contraloría declara ilegales 29 convenios entre el Estado y fundaciones
Uno de los puntos que el ente fiscalizador argumentó para su decisión tiene razón con que existen fundaciones que cuentan con giros “demasiados amplios”.
En el contexto de las investigaciones relacionadas con el caso conocido como "caso convenios", la Contraloría General de la República (CGR) ha llevado a cabo un minucioso examen de 34 acuerdos suscritos entre reparticiones públicas y fundaciones. Como resultado de este proceso, la CGR ha declarado como ilegales un total de 29 contratos, involucrando recursos públicos por un monto equivalente a $13 mil millones.
El objetivo primordial de esta revisión llevada a cabo por el ente fiscalizador fue determinar el cumplimiento de los estándares legales en la administración pública respecto a los pactos establecidos.
Según consignó La Tercera, se han detectado diversas irregularidades en los 29 convenios declarados ilegales. Estas deficiencias incluyen la falta de precisión en cuanto a las actividades a ejecutar y los objetivos a cumplir por parte de las fundaciones. Asimismo, se encontró falta de claridad en los ítems de gastos y la ausencia de registro de las personas jurídicas receptoras de los fondos públicos.
Es importante señalar que la verificación de la CGR aún no ha concluido, y se prevé que se continuará evaluando más de 10 contratos adicionales que están siendo objeto de investigación. Esto sugiere la posibilidad de que se descubran más irregularidades y posibles desvíos de fondos fiscales.
Entre los casos revisados y declarados ilegales se encuentran transferencias realizadas desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a organizaciones como la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün y la Fundación Chinquihue. Ambas entidades están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público debido a las anomalías encontradas en sus acuerdos.
Un caso que ha llamado la atención es el traspaso de más de $667 millones a la corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, a pesar de que el convenio ya había sido previamente declarado ilegal, según lo expuesto por el mencionado medio de comunicación.
