En el contexto de las investigaciones relacionadas con el caso conocido como "caso convenios", la Contraloría General de la República (CGR) ha llevado a cabo un minucioso examen de 34 acuerdos suscritos entre reparticiones públicas y fundaciones. Como resultado de este proceso, la CGR ha declarado como ilegales un total de 29 contratos, involucrando recursos públicos por un monto equivalente a $13 mil millones.
El objetivo primordial de esta revisión llevada a cabo por el ente fiscalizador fue determinar el cumplimiento de los estándares legales en la administración pública respecto a los pactos establecidos.
Según consignó La Tercera, se han detectado diversas irregularidades en los 29 convenios declarados ilegales. Estas deficiencias incluyen la falta de precisión en cuanto a las actividades a ejecutar y los objetivos a cumplir por parte de las fundaciones. Asimismo, se encontró falta de claridad en los ítems de gastos y la ausencia de registro de las personas jurídicas receptoras de los fondos públicos.
Es importante señalar que la verificación de la CGR aún no ha concluido, y se prevé que se continuará evaluando más de 10 contratos adicionales que están siendo objeto de investigación. Esto sugiere la posibilidad de que se descubran más irregularidades y posibles desvíos de fondos fiscales.
Entre los casos revisados y declarados ilegales se encuentran transferencias realizadas desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a organizaciones como la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün y la Fundación Chinquihue. Ambas entidades están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público debido a las anomalías encontradas en sus acuerdos.
Un caso que ha llamado la atención es el traspaso de más de $667 millones a la corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, a pesar de que el convenio ya había sido previamente declarado ilegal, según lo expuesto por el mencionado medio de comunicación.
Todo sobre Caso Convenios