La subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, criticó el proyecto de ley que autorizaría a los municipios a distribuir y comercializar gas licuado, durante su intervención en la discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Junto con amenazar con llevar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional, a fin de impedir que avance en la tramitación “por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente”, Troncoso señaló que esta “podría introducir nuevas distorsiones a esta industria, que han sido ya advertidas por la Fiscalía Nacional Económica”.
En ese sentido, la subsecretaria agregó que “entre otros aspectos, apunta precisamente a la desintegración del mercado mayorista respecto del minorista, que es probablemente el punto central que motiva esta discusión”.
Cabe recordar que el Gobierno presentó un proyecto que recoge las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, comentó el diputado, Miguel Ángel Calisto (DC), existen distorsiones del mercado que respaldan la iniciativa en discusión.
“Es fundamental permitir que otros actores ingresen a la competencia. Yo espero que podamos garantizar que cientos de micro empresas participen de la venta directa de gas. Quizás, después de todo esto que estoy diciendo, ya no sea necesario que los municipios tengan que subsidiar el abuso de las empresas”, sostuvo Calisto.
Por otra parte, el parlamentario del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, respaldó la postura de La Moneda cuestionando “¿qué va a pasar con cualquier otro tipo de alimento que suba? ¿Les vamos a dar una autorización para que pongan un supermercado? ¿O les vamos a autorizar para que tengan una bomba de bencina porque los combustibles han subido mucho?”.
En esa línea, el diputado, Jorge Alessandri (UDI), argumentó que “no es fácil que un municipio tenga una planta de procesamiento de gas. No va a lograr el objetivo, porque todo el dinero que se gaste va a ser dinero que no van a tener en aseo, en ornato y en ayudas sociales”.
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