Esta semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó la nueva Reforma Procesal Civil y la Reforma al Sistema de Nombramiento de los Jueces, ambos proyectos serán pronto tramitados en el Congreso. 

La Reforma Procesal Civil pretende centrarse en el acceso real de las personas a la justicia, incorporando procedimientos modernos, simples y accesibles.

A la reforma, se suman otros dos proyectos, la Ley de Mediación, que permitirá fomentar la resolución de conflictos en materia civil y comercial, incorporando dentro del Poder Judicial una unidad especializada que prestará dicho servicio de manera gratuita. Y, el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que diseña la estructura orgánica asociada a la reforma.

Los principales cambios que contempla la reforma son:

• Mayor cobertura: Pasando de 136 a 164 comunas del país donde el ciudadano o ciudadana contará con servicios de justicia civil en su misma comuna.

• Disminución de tiempos de tramitación: con el nuevo procedimiento civil existirá una reducción en los tiempos de tramitación de 60% en el caso de los procedimientos ordinarios y de un 87% en el caso de los sumarios. 

• Aumento del número de jueces: se incrementa en 76% el número de jueces, existiendo dos en todos los tribunales con competencia civil en el país.

• Disminución de costos para usuarios: se incorporan procedimientos que facultan la comparecencia sin abogado, lo que permitirá que un mayor número de personas pueda acceder a la justicia para resolver sus conflictos. A su vez, se consagran vías remotas para la realización de determinadas actuaciones y diligencias, como por ejemplo en materia de constitución de patrocinio y poder, notificaciones, remates electrónicos y audiencias.

Reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces

La reforma tiene además como objetivo transparentar y priorizar la meritocracia en la designación de jueces y fortalecer la independencia interna de los mismos, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos.

Debido a lo anterior, se elimina la facultad de las Cortes de elaborar ternas para enviar al Presidente, sustituyéndolas por concursos públicos regulados, con resultados vinculantes.

Además, la iniciativa contempla la creación de la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, organismo autónomo, que regulará y dirigirá los procesos de selección y realizará el nombramiento por medio de una resolución colegiada y fundada.