Ante la decisión del gobierno de ordenar retomar funciones presenciales a funcionarios públicos, en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, un grupo de dirigentes del sector, junto al diputado, Alexis Sepúlveda (PRSD), presentaron un recurso de protección en contra del Gobierno para frenar esta medida.

La acción judicial, ingresada en la Corte de Apelaciones de Talca por el abogado, Juan Pablo Rojas, en representación del parlamentario, busca que la justicia obligue al Ejecutivo a dejar sin efecto el oficio Nº18, permitiendo a estos trabajadores desarrollar sus labores de forma remota.

“Creemos que existe una decisión ilegal, arbitraria y que atenta al derecho de igualdad ante la ley de todos los funcionarios. Acá hay de primera y segunda categoría, al parecer, porque hay algunos a quienes se les obliga realizar trabajo presencial, pero otros como la Contraloría, municipalidades y el Banco Central, no están forzados a esto”, argumentó Rojas.

Por su parte, el diputado planteó que presentaron este recurso para salvaguardar no solamente la vida y salud de los funcionaros públicos, sino que de los usuarios que van a tener contacto con ellos: “No están dadas las condiciones para retornar a un trabajo normal, la Región del Maule aumentó el nivel de contagios y fallecidos, vamos en una curva que va subiendo. Sentimos que este instructivo no recoge lo que han señalado los expertos”.

En tanto, la dirigenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Soraya Apablaza, señaló que “la medida que ha tomado el Gobierno es irresponsable e imprudente. El mejor ejemplo es lo que sucedió en las oficinas de INDAP, donde ocho funcionarios están contagiados y uno de ellos falleció”.

“No se tomó en consideración a los organismos que vienen trabajando con responsabilidad, como el Colegio Médico y la Mesa Social, que están abordando estas temáticas, para que juntamente con las asociaciones de funcionarios, evaluar cual es mejor mecanismo y el tiempo para su reincorporación a sus puestos de trabajo, pese a que todos están ejerciendo remotamente en sus hogares”, señaló Apablaza.

A su vez, el presidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Hospital Regional de Talca, Leandro González, apuntó sobre que el instructivo que “no existen las condiciones de seguridad para los funcionarios de la salud ni funcionarios en general, ya que existe un déficit y carencia de protección personal que no aseguran una atención para toda la población, de forma oportuna y de calidad”.

Por último, el diputado Sepúlveda, hizo un llamado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a retirar la orden y actuar con prudencia: “Que haga caso a los equipos técnicos. Ni la Mesa Social ni el Comité Asesor fueron consultados por esto, no queremos lamentar otra muerte de un funcionario público en la región”.