El diputado Roberto Celedón valoró positivamente la reciente decisión de la justicia extranjera que permitirá el retorno a Chile de una figura clave de los aparatos represivos de la dictadura. "Es una muy buena noticia que los tribunales de Australia hayan dado lugar a la extradición solicitada hace más de ocho años por los tribunales chilenos respecto de la exsecretaria del director de la DINA, Juan Manuel Contreras Sepúlveda", expresó el parlamentario.
La inminente llegada de Adriana Rivas al país representa un avance significativo para las investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Celedón destacó que, más allá de las responsabilidades penales por los delitos de secuestro que se le imputan, "son muy importantes los antecedentes que pueda aportar para descubrir exactamente los lugares donde se encuentran las personas secuestradas, también llamadas detenidos desaparecidos". En este sentido, recalcó su relevancia para el Plan Nacional de Búsqueda, definiéndola como "una informante de primera calidad" al haber sido una persona de estricta confianza del exdirector de la DINA.
Junto con celebrar esta extradición, el legislador aprovechó la instancia para hacer un llamado directo al gobierno australiano, instándolo a transparentar su rol histórico durante la época. El diputado señaló que "sería muy relevante, a su vez, que el gobierno de Australia desclasifique toda la documentación de sus organismos de inteligencia sobre el Golpe de Estado en Chile".
La petición se fundamenta en antecedentes revelados el 11 de septiembre de 2022, fecha en que se conoció oficialmente desde Australia que la CIA estadounidense había solicitado a los organismos de inteligencia oceánicos que los subrogaran en las denominadas "operaciones encubiertas en Chile". Según explicó Celedón, esto ocurrió porque para esa fecha "todos los agentes de la CIA en Chile estaban localizados", lo que motivó que la central de inteligencia norteamericana actuara en estrecha alianza con los servicios australianos en el periodo previo a la consumación del Golpe de Estado.
Finalmente, el diputado enfatizó la necesidad urgente de que estos archivos sean de dominio público. Afirmó que es fundamental que los organismos de derechos humanos tengan acceso a toda esta información documental, la cual calificó como "muy relevante para la historia de Chile".