El país enfrenta una considerable deuda con las empresas distribuidoras de energía, superando los US$800 millones. Este monto corresponde a atrasos en la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2020 y 2024, cuya aplicación se pospuso tras el estallido social y la pandemia. Ahora, este cobro debe ser asumido por los consumidores en sus cuentas de luz.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había fijado abril como fecha de inicio para la aplicación del cargo, pero postergó el cobro hasta julio. Esta medida buscó evitar sumar un nuevo alza a las cuentas de los chilenos, ya impactadas por la reciente subida de combustibles.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, expresó la urgencia del gobierno por encontrar una solución. Declaró que “Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que durante los próximos días demos con la fórmula (...) no nos vamos a tomar los tres meses que nos ha dado de prórroga la superintendenta”. El subsecretario de Energía, Hugo Briones, añadió que las gestiones están “bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que se fija, hasta el 1 de julio”.

Se analizan principalmente cuatro opciones para liquidar esta deuda, lideradas por la ministra Rincón. Tres de estas alternativas no generarían intereses, mientras que una sí. Además, tres de ellas requerirían trámite legislativo, a diferencia de la propuesta vigente de la SEC.

La vía legal actual, instruida por la SEC en febrero, permite a las distribuidoras calcular y cobrar los montos pendientes. Sin embargo, esta fórmula podría generar alzas variables en las cuentas, afectando más a ciertos segmentos de consumidores.

Una propuesta anterior del gobierno, impulsada por el exministro Álvaro García, contemplaba un cargo promedio de $1.450 por hogar durante 48 meses, con un incremento del 3,5% en las tarifas eléctricas. Esta iniciativa incluía un subsidio para el 40% más vulnerable, pero no aprovechaba una futura disminución tarifaria prevista para 2028.

La opción del cargo único diferenciado capitaliza la baja esperada en las cuentas de luz a partir del 1 de enero de 2028, gracias a la disminución del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC). Este mecanismo, creado en 2022, busca saldar una deuda mayor con las generadoras eléctricas.

El académico Humberto Verdejo explicó que “Al hacer el cargo único diferenciado tienes un impacto mínimo ahora, y lo compensas con la disminución del MPC el 2028”. Advirtió que “En estricto rigor, los periodos más complicados son estos próximos 18 meses. Por eso, propongo que el cargo inicial de los 18 meses sea lo más bajo posible, para que con la baja del MPC del 2028 pueda subir más y que la gente igual vea una disminución en la cuenta, y eso garantice que pague la deuda rápido y no acumule más intereses. Porque ese es el problema. Cualquier postergación o cualquier préstamo a pagar la deuda va a implicar más intereses”.

La cuarta alternativa, que sí implicaría intereses, consiste en bancarizar la deuda. Esto permitiría postergar el impacto inmediato, pero a un costo financiero considerable.

Actualmente, la deuda acumulada supera los US$800 millones. Hasta mayo de 2024, el capital adeudado era de aproximadamente US$730 millones, con intereses que ya sumaban US$106 millones, cifra que se incrementó con la reciente postergación del cobro.