La Asociación de Buses Interurbanos de Chile manifestó su “profunda sorpresa y preocupación” ante la reciente decisión del gobierno respecto al incremento en los precios de los combustibles y las medidas de mitigación asociadas. El gremio acusó una exclusión de su sector, a pesar de su fundamental rol en la conectividad a lo largo del país.
Desde la asociación indicaron que, si bien advirtieron con anticipación sobre las repercusiones de un alza de esta envergadura, no fueron tomados en cuenta en la formulación de las medidas. Esta situación fue calificada como “incomprensible” por los representantes del sector.
La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, afirmó: “Lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”. Navarrete recalcó la importancia del transporte interurbano, que anualmente moviliza a más de 60 millones de pasajeros.
La principal inquietud del sector se centra en el aumento del diésel, que según información del Ejecutivo, alcanzaría aproximadamente un 62%. Este incremento impactaría directamente en los costos operativos de las empresas de transporte.
Estimaciones de la Asociación de Buses Interurbanos sugieren que este escenario podría derivar en un incremento de hasta un 21% en el valor de los pasajes, afectando de manera inmediata a los usuarios.
El gremio detalló que por cada $100 de alza en el combustible, los pasajes podrían aumentar hasta $2.000. Esto significaría, por ejemplo, que un viaje a Puerto Montt podría encarecerse y alcanzar valores entre $16.000 y $17.000 en los próximos días.
“Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias”, enfatizó Navarrete, subrayando las graves consecuencias sociales que esta medida acarrearía.
Ante esta situación, la Asociación de Buses Interurbanos de Chile hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que reconsidere las medidas e incluya al sector en los mecanismos de apoyo disponibles.
La dirigenta concluyó: “Esperamos que el gobierno corrija esta omisión y considere a todos los actores del sistema. Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”.
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