El gobierno presentó un plan que incluye la suspensión temporal del IVA a la venta de viviendas nuevas por un período de 12 meses. Esta medida forma parte del plan de reconstrucción nacional y busca revitalizar el sector inmobiliario, afectado por la crisis y la pérdida de empleos.

La eliminación del impuesto, que fue incorporado en 2014, busca reducir el stock de unidades disponibles y fomentar la inversión privada. Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el gravamen había elevado los precios de las viviendas en más de un 12%.

Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, calificó la medida como “Se trata de una buena noticia”, anticipando un impulso para mercados complementarios. Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, proyectó un efecto neto cercano a un 10% de reducción en el precio, "lo que implica un impacto directo en el bolsillo de las familias".

Ugarte añadió que "El principal beneficio de esta iniciativa es la reducción inmediata del precio de venta. Al eliminarse el gravamen, el costo de adquisición de una vivienda podría disminuir significativamente, permitiendo que sectores de clase media, que hoy se encuentran en el límite del financiamiento bancario, puedan calificar para créditos hipotecarios".

La iniciativa también posee un “fuerte componente económico”, según Ugarte, quien destacó que “la construcción es uno de los principales motores de la economía nacional debido a su capacidad para generar empleo rápido y su encadenamiento con otras industrias. La eliminación del impuesto incentivaría la salida del stock acumulado de viviendas y fomentaría el inicio de nuevos proyectos, revitalizando la inversión privada”.

Sin embargo, Claudia Sepúlveda, gerente inmobiliaria de GPS Property, planteó desafíos, señalando "que una eventual rebaja tributaria se traspase íntegramente y de manera inmediata al precio final de las viviendas con entrega inmediata —que serían las únicas que podrían acceder al beneficio— plantea desafíos tanto desde el punto de vista operativo para las inmobiliarias como en términos de fiscalización por parte de la autoridad".

Sepúlveda también mencionó que "A ello se suma que se trataría de un incentivo de carácter transitorio, con una vigencia limitada a un año, cuyo principal objetivo sería acelerar la venta del stock de viviendas terminadas que hoy se mantiene disponible en el mercado".

Además, aclaró que "las viviendas sociales no están afectas al IVA. En consecuencia, en el caso de los proyectos DS19 —vivienda de integración social— esta eventual rebaja temporal del impuesto no tendría un impacto directo en los precios de las unidades".

Desde la perspectiva tributaria, Claudio Bustos, abogado tributarista, consideró la medida “que va en la dirección correcta y que debiera fundamentalmente beneficiar a la clase media del país”. Vicente Furnaro, abogado socio de Tax Defense, afirmó que "todo lo que implique rebajar el sobrestock inmobiliario debe ser bienvenido. Si bien las personas de menores recursos que compran con subsidio hoy no pagan IVA y este proyecto no apunta en su beneficio, sí permitirá dar mayor dinamismo al mercado inmobiliario en general".

Furnaro enfatizó la importancia de "y dejar bien definidos los proyectos (finalizados o en curso) que se verán beneficiados con esta medida, evitando grises normativos que pudieran dificultar su aplicación”.