La reciente polémica protagonizada por una clienta del supermercado Líder Express, quien denunció haber sido retenida y acusada injustamente de robo tras negarse a una revisión ilegal de su boleta, destapó una compleja situación laboral al interior del recinto. Uno de los guardias de seguridad del local, decidió romper el silencio para exponer "la verdad de la milanesa" y revelar las fuertes presiones corporativas a las que está sometido el personal.
Respecto al incidente que originó la controversia pública, el trabajador aclaró que todo se gestó por "un error de cámaras donde se creyó que había robado, lo cual no fue así". Según relató, esta equivocación no pasa por la incapacidad del equipo, sino que obedece a una severa "falta de personal donde el guardia en cámaras debe hacer más de un trabajo".
Lejos de corregir los protocolos tras el altercado con la compradora, la directriz endureció su postura frente a los trabajadores. El guardia detalló que, con posterioridad al incidente, se realizó una reunión interna donde "la jefa de seguridad dijo que se tenía que seguir pidiendo la boleta y controlando a pesar de los reclamos del personal que lleva meses en discusión".
El origen de esta cuestionada práctica radicaría en una estricta exigencia impuesta por la cadena de supermercados. El denunciante aseguró que la compañía a nivel nacional exige una cuota obligatoria de fiscalizaciones por sucursal. "En este en particular son 50 diarias a través de un sistema de escaneo llamado omnicontrol, en otros locales son muchas más diarias", reveló el funcionario.
Ante la incomodidad de vulnerar sistemáticamente los derechos de los compradores, el trajador intentó reportar el hecho a las autoridades correspondientes, pero sin obtener soluciones. Primero se contactó con el Sernac, donde le indicaron que el reclamo debía derivarse a la Inspección del Trabajo, un paso que no ha dado debido al justificado temor de perder su fuente laboral. Posteriormente, acudió a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) a través del fono *4242, apelando a que la nueva ley los obliga a informar estas anomalías, pero la operadora le respondió que esa línea telefónica "no era para ese departamento de la SPD".
Finalmente, el trabajador describió el agobiante escenario que enfrentan a diario en los pasillos del supermercado. Aseguró que conforman un equipo que no solo debe lidiar con la escasez de recursos humanos, sino también con la constante imposición de la empresa, la cual los coacciona "ofreciendo sanciones y amonestaciones si no se cumplen" las metas de revisión.
Todo esto ocurre a pesar de que el personal de seguridad le ha explicado a sus superiores que esta exigencia "no corresponde y que infringe totalmente la ley de seguridad privada al igual que la del consumidor".
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