La justicia condenó a la Clínica Universidad de Los Andes al pago de una millonaria indemnización de 180 millones de pesos a una familia oriunda de la comuna de Linares, en la región del Maule, tras acreditar graves vulneraciones en la entrega del cuerpo de su hijo recién nacido. Los dramáticos hechos se remontan a noviembre de 2022, sin embargo, el fallo judicial a favor de los afectados se dio a conocer recientemente tras un extenso proceso legal.
De acuerdo con los antecedentes del caso revelados por T13, la familia viajaba constantemente a la capital para asistir a los controles médicos de su hijo, llamado Samir. Fue durante el quinto mes de gestación cuando se desencadenó el parto prematuro del lactante, quien logró sobrevivir apenas 90 minutos. Melissa, madre del menor, relató la indolente respuesta que recibió por parte del equipo médico en ese momento crítico. "Me dice: 'Tienes cinco de dilatación y acabo de tocar los pies de tu hijo. No hay nada que hacer'. Le digo: 'no entiendo'", recordó la afectada. Asimismo, señaló que el facultativo cuestionó su dolor expresando: "'¿pero por qué lloras si no hay nada que hacer?'", situación que obligó a una matrona a intervenir para explicarle al médico que "lo que pasa es que está afectada porque va a perder a su hijo".
Tras el deceso, y en medio del estado de shock, la familia aceptó un servicio mortuorio ofrecido por el mismo centro médico con destino al Cementerio Parroquial de San Bernardo. Al día siguiente, la pesadilla de los padres se agravó: cuando la madre solicitó vestir a su hijo, se le negó la petición y, en su lugar, el cuerpo del bebé le fue entregado al interior de una caja. "Dentro de la caja había un contenedor de aluminio, como los que utilizan para dejar las jeringas... pequeño, muy pequeño. Lo habían metido a la fuerza para que entrara", detalló Melissa. El cuerpo del pequeño se encontraba sucio y con sangre. Sumado a esto, no se le permitió a la madre viajar en la van que trasladaba los restos, por lo que, al notar que la tapa de la caja estaba suelta, tuvo que rogarle al chofer que al menos le pusiera el cinturón de seguridad.
Creyendo inicialmente que este era el procedimiento habitual frente a este tipo de pérdidas, un posterior contacto con la Seremi de Salud fue clave para destapar la negligencia, confirmando que el actuar de la clínica estaba totalmente fuera de la normativa sanitaria vigente. A raíz de esto, la familia logró exhumar el cuerpo para realizar un funeral en condiciones dignas e inició la demanda contra el recinto privado.
Finalmente, el tribunal falló a favor de los padres, ordenando la compensación económica de 180 millones de pesos. Si bien la clínica presentó una apelación a la sentencia, la defensa de la familia apuntó a la profunda "revictimización" que esta acción genera en los padres. El dictamen de la justicia fue categórico al condenar el procedimiento del establecimiento, argumentando que "el actuar de la Clínica estuvo muy lejos de estos estándares de respeto ante la dignidad de un ser humano, sino muy por el contrario, el trato que le dieron al cuerpo de Samir, y por tanto a su familia fue humillante, degradante e imposible de comprender".
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