Un respiro momentáneo, pero no una solución definitiva. Así describen desde la empresa Transrent SPA la situación actual respecto al servicio de reparto de agua potable a través de camiones aljibe, vital para miles de familias en sectores rurales de Curicó, Sagrada Familia y Hualañé.
Felipe Pávez, representante de la empresa, confirmó que los fondos para pagar parte de la deuda histórica ya fueron ingresados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), lo que permitirá liberar el pago de tres facturas pendientes. Sin embargo, la deuda total acumulada asciende a casi dos años de servicio impago.
Según detalló Pávez, el pago que se espera concretar este lunes corresponde a tres meses de servicio, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, equivalente a unos 90 millones de pesos más IVA. No obstante, la deuda global que mantiene el Estado con la proveedora es significativamente mayor, bordeando los 700 millones de pesos considerando los 19 meses de atraso restantes.
Pese a la brecha financiera, la empresa decidió priorizar el bienestar de la comunidad. "Nosotros vamos a seguir cumpliendo con la entrega de agua, porque con esos tres meses tenemos para trabajar dos meses más (...) no dejaríamos a nadie sin agua, que es lo que más me preocupa a mí", señaló Pávez.
La continuidad del servicio tiene fecha de caducidad si no se regulariza el resto de la deuda. Los recursos inyectados permitirán costear operaciones (petróleo, sueldos y mantención mecánica de camiones) solo hasta el mes de abril.
"En abril ya estaríamos demasiado complicados (...) tenemos que pagar sueldos, petróleo, comprar el agua y tener mecánicos, eléctricos y soldadores porque los caminos son malos y los camiones fallan", explicó el representante, enfatizando que sin nuevos pagos no habrá recursos para seguir operando en otoño.
Un factor que añade presión a la crisis es el inminente cambio de gobierno. Existe temor en la empresa de que, si la deuda no se salda antes del 11 de marzo, el traspaso administrativo genere nuevas burocracias que congelen los pagos indefinidamente. "Si se cambia de gobierno, ahí se nos va a complicar mucho más (...) sería mucho más lento", advirtió.
Se estima que el servicio de Transrent abastece a unas 6 mil personas en las comunas afectadas. La gestión para destrabar estos primeros pagos ha contado con la presión mediática y la intervención de autoridades como la senadora Paulina Vodanovic (PS), acciones que la empresa valora ya que antes "ni siquiera nos consideraban".
Por ahora, los camiones seguirán rodando, pero la alerta se mantiene encendida a la espera de que la Delegación Presidencial regularice los 19 meses restantes antes de que se agote la caja en abril.
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