Una situación crítica viven cientos de familias en sectores rurales de la provincia de Curicó, quienes podrían dejar de recibir el suministro de agua potable mediante camiones aljibe. Lo anterior, se debe a una millonaria deuda que el Gobierno mantiene con Transrent SPA, encargada de la distribución.

Felipe Pavez, representante de la empresa afectada, explicó que la situación es insostenible: "No nos pagan desde hace 22 meses, desde que comenzamos a trabajar el 1 de abril del 2024. Hemos trabajado sin ningún pago", agregando que la deuda acumulada asciende a $809.226.768 millones, afectando la operatividad en comunas como Hualañé, Sagrada Familia, Romeral y Curicó.

"Se comprometen a que nos van a pagar y que sigamos licitando, pero no se cumple. Ahora nos dieron un plazo hasta el 15 (de enero) para pagar tres meses, lo que correspondería a octubre, noviembre y diciembre del 2025. El resto no hay fecha", denunció el trabajador, evidenciando la precariedad con la que deben operar para costear combustible y sueldos.

El alcalde de Río Claro y presidente de la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales (AMUR) del Maule, Américo Guajardo, calificó la situación como "lamentable e irresponsable".

Cabe señalar que esta situación también afecta a empresa de Talca, quienes este lunes 12 de enero han decidido paralizar sus operaciones.  "Lamentamos mucho la situación de la paralización de los camiones aljibe en algunas comunas de la región. Esto es algo que nos preocupa como alcaldes, ya que hoy vecinos no están pudiendo recibir este recurso vital que es el agua", señaló Guajardo.

El autoridad confirmó que, tras recibir la inquietud de sus pares, se contactó de inmediato con el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque. "Me comuniqué con el delegado para que me pusiera al tanto. Él me comunica que hoy se estarían reuniendo con la empresa para ver cómo resolver esta situación. Esperemos que durante la jornada esto se resuelva, porque hoy la sequía está afectando bastante y no podemos caer en esta irresponsabilidad de no haber pagado el servicio", enfatizó Guajardo.

Según los datos entregados por Guajardo, la suspensión del servicio estaría afectando a más de 500 familias en distintas comunas de la provincia de Talca y Curicó, quienes dependen exclusivamente de estos camiones para su consumo diario.

VLN Radio consultó a la Delegación Presidencial de Curicó, quienes no se refirieron al tema afirmando que los recursos deben ser liberados  desde la Dirección General de Presupuestos (Dipres).