José Latrille, una de las 40 víctimas afectadas por el ejercicio ilegal de la profesión del supuesto odontólogo, Alejandro Carvajal, alzó la voz para denunciar graves falencias en el proceso judicial que enfrenta el imputado.
A las puertas de la lectura de la sentencia, Latrille detalló una serie de irregularidades que, según su testimonio, han dejado a los afectados en una situación de total desprotección.
Entre las denuncias más graves destaca el traspaso de una propiedad en San Martín que se encontraba bajo garantía judicial para reparar a las víctimas. Según Latrille, dicho inmueble cambió de nombre "en tiempo récord" mientras el juicio seguía en curso, sin que la Fiscalía impidiera la acción.
El afectado también señaló deficiencias en la gestión de datos por parte del Ministerio Público, denunciando que en los registros oficiales figura con el nombre de "Juan Latrille" y con datos de contacto erróneos, lo que dificulta el seguimiento de las citaciones.
Por otro lado, criticó la estrategia de la defensa, encabezada por reconocidos ex fiscales, la cual busca desestimar las demandas civiles y querellas apelando al tiempo transcurrido desde el inicio de los tratamientos en 2014.
La indignación de los afectados alcanzó su punto máximo ante la oferta de reparación económica presentada por la defensa de Carbajal: 3 millones de pesos a repartir entre las 40 víctimas.
"Es una burla. Yo gasté un millón y medio en mi tratamiento y ahora recibiremos cerca de 30 mil pesos cada uno. Es una pena que no ejemplifica el daño causado a la gente", sentenció Latrille.
Las víctimas esperan que la sentencia final, cuya lectura será el 2 de enero, tome en cuenta no solo el ejercicio ilegal de la profesión, sino el daño económico y moral causado a decenas de familias curicanas durante años.
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