Una nueva alarma se encendió en el centro de Curicó luego de que el sujeto haitiano, identificado con las iniciales A.L.C.I., regresara a amenazar a locatarios tras haber sido dado de alta desde el Hospital de Curicó.
El individuo, que ha sido denunciado en diversas ocasiones por agresiones y amenazas —principalmente por parte de comerciantes—, volvió a aparecer el pasado viernes en el local de una de sus víctimas.
La locataria Macarena afirmó sentir que existe una fijación en su persona, debido a la gran cantidad de denuncias que ha interpuesto. Recordó que, en un episodio anterior ocurrido durante Fiestas Patrias, fue amenazada con ser quemada. "Él debe saber que, donde lo he denunciado tantas veces, lo tomaron detenido. Tengo miedo, porque puede hacer cualquier cosa", dijo.
La situación ha obligado a los comerciantes a analizar medidas de seguridad privada. Carmen Gloría, otra de las afectadas, señaló que, en vista de los incidentes, están analizando contratar a un guardia de seguridad para resguardar la seguridad de trabajadores y clientes, sobre todo en la concurrida época navideña. "Con eso se expone a la gente a que se lleve un mal rato, porque no respeta a niños ni adultos mayores", sostuvo.
A pesar de la situación de riesgo, la locataria Viviana apeló a la sensibilidad social, señalando que, más allá de la experiencia personal con el individuo de nacionalidad haitiana, es importante que reciba tratamiento, ya que "es un ser humano que necesita ayuda".
El individuo fue detenido por Carabineros en octubre de este año y trasladado al Hospital Provincial de Curicó, donde se le administró sedación. Sin embargo, su liberación sin contención o tratamiento adecuado subraya la complejidad de la situación de personas con enfermedades mentales que cometen delitos o amenazas en espacios públicos.
Este caso, en particular, contraviene directamente lo dispuesto por la justicia, ya que en mayo de 2025, la Corte Suprema de Chile ordenó el traslado inmediato de imputados con enfermedades mentales a centros asistenciales.
Dicha decisión reafirmó la obligación del Estado de garantizar los derechos de estos imputados y de proporcionarles atención médica adecuada, en lugar de dejarlos en libertad sin el tratamiento y seguimiento necesarios.
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