La directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Paula Oliva, afirmó que "no existen antecedentes" que vinculen a funcionarios de la entidad pública con la red de estafadores que ofrecía subsidios habitacionales a cambio de dinero en Curicó.

En este sentido, Oliva sostuvo que la querella está abocada exclusivamente en contra de Karina Navarro Muñoz por el delito de "fingimiento de cargos o profesiones", según consta en la querella presentada por el servicio en 2024.

"La única persona que está referida, es una persona que está querellada por presunta estafa. Por lo tanto, no tenemos ningún otro antecedente de que esta persona esté vinculada a un funcionario nuestro", señaló Oliva.

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El Serviu presentó la querella criminal en 2024, detallando el modus operandi de la acusada, quien habría estafado a decenas de familias con falsos subsidios.

La denuncia de una de las víctimas, Karina Cáceres Llevenes, relata que la imputada, de profesión asistente social, le cobró $220.000 en diciembre de 2022 para “asegurar” la adjudicación del beneficio DS49.

Además de este caso, el Serviu tomó conocimiento de otras denuncias en Curicó y Teno, donde se ofrecía a las familias la oportunidad de un subsidio habitacional “irregular” a cambio de sumas de dinero que llegaban hasta los $300.000 o 10 UF, las que debían ser depositadas en la cuenta de la imputada.

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Oliva hizo un llamado a la ciudadanía a buscar los subsidios por los conductos regulares y a no confiar en personas que ofrecen “saltarse la fila” para obtener beneficios habitacionales.

"Al igual que otro beneficio del Estado, los subsidios tienen un reglamento, por lo tanto, es imposible saltarse la fila. O la gente postula mediante un llamado, o a través un proyecto colectivo, para lo deben pertenecer a un comité habitacional", cerró.