Médicos denuncian a la UCM por irregularidades en ejecución del programa Becas Maule

Una denuncia por graves faltas a la probidad administrativa, infracción a los deberes funcionarios y posible uso indebido de recursos públicos fue interpuesta ante la Contraloría Regional del Maule por el abogado, Pablo Rojas, quien representa a becarios del programa de especialización médica denominado “Becas Maule II”, que se ejecuta en el campo clínico del Hospital Regional de Talca.

Dicha acción se relaciona a presuntas irregularidades durante el desarrollo de la iniciativa, financiada con recursos públicos y que busca forma especialistas en salud para la región debido a la necesidad de médicos en el territorio.

Para la realización del programa, el Gobierno Regional del Maule a través del Servicio de Salud (SSM) destina una importante cantidad de fondos, firmando convenios con universidades privadas, en este caso, la Universidad Católica del Maule (UCM).

En ese contexto, una de las doctoras becarias, de iniciales K.C. S. R., dio cuenta de diversas actuaciones irregulares desde el inicio de su programa de especialización en anestesiología en el HRT, en mayo de 2024.

Similar es el caso del médico I. F. D. L., quien denuncia"una serie de hechos eventualmente contrarios a la probidad administrativa" y que actualmente mantiene su beca suspendida por parte de la UCM, decisión que se tomó sin la autorización de la directora del SSM, doctora Marta Caro.

Entre las principales acusaciones de ambos becarios, se encuentra la falsificación de documentos referida a la firma de evaluaciones. En el caso de K. C. S. R., esta apunta al médico cirujano dentista, Arnaldo Pérez, quien junto a ellarealizó actividades clínicas en el área de tórax bajo su supervisión. Al respecto, señala que fue mal evaluada durante una jornada en la que encontraba con licencia médica, lo que provocó que posteriormente fuera reprobada.

En este sentido, la denunciante afirma que lo anterior fue utilizado como argumento “para prolongar el programa a lo menos cuatro meses”, lo que significa un costo de aproximadamente $11 millones, los cuales deben ser autofinanciados por ella.

El escrito sobre este caso sostiene también que existe abuso de poder y conflicto de interés, apuntando directamente a la directora de posgrados de especialidades médicas y docente de la UCM, doctora Lorena Pérez y al doctor Sergio Latrach, a quienes acusa de arrogarse competencias que no les corresponden legalmente.

Sobre Pérez, la denuncia sostiene que “no figura como docente habilitada”. También se le sindica haber “comunicado verbalmente la suspensión de la beca a la denunciante, exigiendo un pago de aproximadamente $11 millones a la UCM para una extensión de un año, lo cual genera un ingreso económico” a la casa de estudios.

“Viví situaciones como, por ejemplo, ir a las cirugías privadas de los docentes en horarios que no debía y recibir tratos desiguales al resto de mis compañeros. Esto yo lo toleré hasta diciembre de 2024, cuando se me falsificó una nota del examen, de los ocho meses de beca. Exigí la revisión, la cual no me fue otorgada. Tuve que ir al SSM, quienes determinaron el 26 de diciembre que el examen había sido aprobado”, sostuvo la doctora becaria.

Fue en ese entonces, señala K. C. S. R., quien señaló que “el jefe del posgrado me dio dos opciones: renunciar a la especialidad de forma voluntaria o que debía pagar $11 millones”.

Debido a lo anterior, el 30 de enero de 2025, el SSM instruyó un sumario administrativo “en virtud del protocolo de acoso sexual y laboral en contra de los funcionarios docentes de Anestesiología del programa Becas Maule II".

"He sido humillada, discriminada y expuesta al escarnio por parte de los funcionarios con los que debo rotar, todos hombres, funcionarios públicos, todos pertenecientes a un organismo llamado Anestal”, relató la doctora.

Para el abogado, Pablo Rojas, “en ambos casos existen presentaciones a la Contraloría denunciando falta a la probidad administrativa”. A ello, sumaron una presentación ante la Superintendencia de Educación.

“En lo medular, existen graves faltas de estos médicos en su calidad de funcionarios públicos. Si bien ellos provienen de una institución privada, como es el caso de la UCM, están en el programa Becas Maule en su calidad de funcionarios públicos”, precisó el jurista, añadiendo que “además no están devolviendo los horarios como docentes, por lo cual se están ocupando recursos del Estado”.

Esta situación se condice con el informe de Contraloría del pasado 2 de julio, que detectó que entre noviembre de 2023 y enero de 2024, la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) del HRT no contó con traumatólogos, neurólogos nineurocirujanos para la atención de pacientes. Esto, debido principalmente a incumplimientos por parte de los profesionales de su jornada laboral.

El Informe de Investigación Especial N° 728/2024 del ente contralor concluye que, en el caso de los traumatólogos, hubo siete días completos sin turno. Además, 20 días fueron cubiertos solo parcialmente, es decir, solo existió disponibilidad de estos especialistas en el turno diurno o en el nocturno.

Además, Contraloría también advirtió deficiencias en el control de asistencia de los médicos por parte del centro hospitalario. Así, se detectaron omisiones de registro de entrada y/o salida de manera injustificada; atrasos y/o salidas anticipadas; incumplimientos en el total de horas semanales contratadas e inexistencia de descuentos por las horas no trabajadas, entre otras irregularidades.

Por otro lado, la revisión de los registros de asistencia de una muestra de médicos de la UEH arrojó que dos de ellos no marcaron su asistencia en el respectivo sistema biométrico, mientras que 18 funcionarios realizaron un registro incompleto, ya sea marcando solo el ingreso o la salida.

Malos tratos: Los enviaban a comprar churrascas

En el caso del denunciante I. F. D. L., el abogado sostiene que los médicos encargados del programa Becas Maule II “lo mandaban a comprar churrascas en horario de trabajo. Además, existió falsificación de notas, propuestas indecorosas e incluso le han ofrecido pegarle”.

“Le han dicho que tendrá que poner dinero de sus bolsillos para terminar la beca, amenazas permanentes que son pronunciadas de manera sistemática, hasta que el asunto explota porque ya no se puede más”, agregó Rojas.

Cabe señalar que ambos médicos becarios referidos en la nota están con licencia médica y solicitando un traslado, para terminar sus especialidades. Sin embargo, en el caso de la mujer denunciante, acudió a la Oficina de Equidad de Género de la UCM para denunciar el hecho. “Se comprometieron a investigar, pasaron los meses, pero declararon que la denuncia era inadmisible”, afirmó.

“Ellos no están reprobados, pero existen médicos que se han dedicado a que no terminen sus estudios”, afirma el abogado.

”Existe la necesidad de tener más especialistas en los servicios médicos de la región, pero no existe el número de ingresos requeridos, ni siquiera se acerca a lo proyectado, entre otras razones, por las dificultades que están colocando este tipo de docentes”, agregó.

Convenio a trato directo por pandemia

En su origen, el programa Becas Maule obedece a una necesidad pública por la falta de especialistas. Financiado por el Gobierno Regional y el SSM, es aplicado por la UCM a través de un trato directo generado en la pandemia por Covid-19, cuando el director del servicio era el doctor Luis Jaime.

Dado que el programa se ejecuta en el campo clínico del HRT y quienes prestan el servicio de formación son docentes de la UCM, el abogado señala que “la matrícula y el arancel, entre otros gastos, van directamente a la UCM por las mismas entidades públicas, lo que es sin duda un aprovechamiento del sistema, porque ellos no pagan nada”.

Sobre estos problemas que tienen los becarios, el diputado,Felipe Donoso (UDI), se reunió en junio de 2025 con el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, para abordar las graves dificultades que enfrentan los estudiantes de medicina en la región del Maule.

“El objetivo es profundizar sobre el tema y encontrar soluciones que den respuesta a estos jóvenes, que se han visto perjudicados en su formación”, señaló el parlamentario.

En tanto, la consejera regional y presidenta de la Comisión de Salud del GORE Maule, Mirtha Segura, se comprometió en sus redes sociales a monitorear de cerca el avance de las soluciones. Junto a ella, aseguró Donoso, “estaremos monitoreando las respuestas que entregue el ministerio de Salud, porque los estudiantes no pueden seguir esperando”.

Por ahora, las investigaciones de ambos casos siguen su curso en Contraloría, a la espera de un pronunciamiento en relación con las posibles faltas administrativas y a la probidad denunciadas por los becarios.