Un requerimiento de inhabilidad por "notable abandono de deberes" e "infracción grave a las normas de probidad administrativa" fue interpuesto en contra del exalcalde de Rauco, Enrique Olivares (Partido Radical).

La acción fue presentada ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule el 5 de junio de 2025, por la alcaldesa Claudia Medina y las concejalas Eugenia Correa y María Elisa Díaz.

Los cargos imputados a Olivares se basan en una serie de presuntas irregularidades y omisiones, que abarcan desde la falta de cumplimiento en la supervigilancia del municipio hasta graves falencias en la gestión de recursos públicos y personal.

Irregularidades denunciadas más relevantes

• Omisión prolongada del concurso para director de Control Interno: Se acusa a Olivares que de omitir la realización el concurso público durante más de siete años.

• Incumplimiento reiterado de instrucciones de Contraloría: Se identifican al menos siete oficios principales de Contraloría (entre 2017 y 2023) que no fueron cumplidos, o lo fueron fuera de plazo. La tardanza en solucionar estos pagos, habría generado un detrimento patrimonial de $56.432.884 al municipio.

• Omisión total del procedimiento de contratación pública para servicios bancarios: Se señala que durante los 12 años de su gestión, el exalcalde no habría realizado licitación pública para la contratación de servicios bancarios.

• Irregularidades en la gestión de ayudas sociales y bodegas municipales: Una auditoría interna de marzo de 2025 reveló múltiples anomalías en la administración y custodia de recursos públicos destinados a ayudas sociales y de emergencia, estimando un perjuicio patrimonial de más de $37.000.000.

• Malversación de fondos públicos en Educación: Se vincula el caso de malversación donde el exjefe del DAEM, Ricardo Oyarce, y el exjefe de Finanzas, Jorge González, utilizaron fondos de programas especiales para pagar remuneraciones y servicios básicos, en un contexto de déficit presupuestario.

• Pago irregular de $8 millones a docente sin sustento jurídico: Se denuncia una transacción judicial aprobada en 2017 para pagar $8 millones a una docente por despido injustificado, a pesar de dictámenes de Contraloría que descartaban la procedencia de indemnizaciones y la oposición de directores del DAEM y asesores jurídicos municipales.

• Ausencia de concursos públicos para directores de Salud y CESFAM: Durante toda la gestión de Olivares Farías, no se habrían provisto por concurso público los cargos de Director Comunal de Salud y Director del CESFAM de Rauco, manteniendo un solo funcionario en ambas funciones por más de una década, lo que es una infracción grave a la Ley N° 19.378.

• Irregularidades en el DAEM de Rauco: El informe detectó demora injustificada en sumarios administrativos, uso excesivo de licencias médicas por parte del Jefe del DAEM sin activar control de salud incompatible, y prórroga ilegal del Jefe del DAEM sin concurso público.

• Aprobación unilateral del PADEM 2024 y 2025: Se acusa al exalcalde de aprobar unilateralmente los Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) para 2024 y 2025, a pesar del rechazo del Concejo Municipal por múltiples observaciones financieras y técnicas.

Los requirentes sostienen que el "manejo desprolijo, negligente y de abandono" de Olivares Farías "compromete la responsabilidad administrativa del requerido, en términos tales que debe ser sancionado con su inhabilidad para ocupar cargos públicos por cinco años.

Defensa del exalcalde Olivares

José Luis Cisterna Faure, abogado del exalcalde Enrique Olivares, solicitó el rechazo total de la reclamación, argumentando la prescripción de los cargos y la falta de configuración de las causales invocadas.  La defensa alegó que gran parte de las supuestas irregularidades se encuentran "absolutamente prescritas" según los artículos 153 y 154 de la Ley 18.883.

Así también, se sostiene que la totalidad de las observaciones efectuadas en el informe de 2017 fueron "superadas hace muchos años", con la adopción de las medidas solicitadas por Contraloría.

• Además, el jurista argumentó que situaciones como la falta de nombramiento titular del Director de Control Interno "no produjo ningún daño a la administración Municipal o a la satisfacción de deberes hacia la comunidad".

•  Respecto a la omisión de licitación pública para servicios bancarios, la defensa señaló que el municipio mantuvo sus cuentas en Corpbanca (adquirida por Itaú) desde el inicio del mandato de Olivares, y que esto "no ha causado detrimento alguno al patrimonio y al desarrollo normal de los servicios municipales".

• En relación a las Farmacias Populares (ACHIFARP), se destacó que Rauco fue la primera municipalidad del Maule en abrir una farmacia popular y que, si bien hubo una observación de Contraloría en 2020 por una compra menor, esta fue "reparada" y las eventuales responsabilidades están "absolutamente prescritas".

• Sobre el concursos para directores de Salud,  la defensa indicó que la decisión de no concursar los cargos de director comunal de Salud y Director de CESFAM fue por "mérito y conveniencia", debido a que el municipio "no estaba y no está en condiciones de sufragar" el gasto adicional de un concurso, algo que la propia alcaldesa requirente tampoco ha podido hacer.

• En relación al plan de Salud Comunal (PADEM): La defensa admitió un retraso de tres días en la presentación del PADEM 2025 al Concejo en 2024, pero lo atribuyó a una "descoordinación" y la inminencia del término de mandato. Se afirmó que el desfase no "implicó ningún efecto sobre el funcionamiento normal del servicio" y que las requirentes "concurrieron, en definitiva, con su voto favorable a la aprobación del mismo".

• Sobre las horas extraordinarias en Salud, Cisterna argumentó que este informe es posterior al mandato de Olivares, por lo que la responsabilidad de adoptar medidas recae en la actual alcaldesa, considerando "absurdo" que se le acuse a él.

• DAEM y Fondos FAEP: Las supuestas irregularidades en fondos FAEP de 2017-2018 fueron "corregidas posteriormente" y están "largamente prescritas".

• En relación a la malversación de fondos públicos, la defensa indicó que los hechos de malversación de 2019 fueron "denunciados" por el administrador municipal de Olivares, y que la responsabilidad del exalcalde fue cumplida al denunciar. Además, se alegó prescripción.

• En contestación al pago irregular a docente  por $8 millones, Cisterna sostuvo que se trató de una conciliación judicial de 2017, donde la suma demandada era de $105 millones, y la conciliación por $8 millones fue para proteger el patrimonio municipal ante una jurisprudencia que en ese momento favorecía a los docentes. También se alegó prescripción.

• Ausencia de concursos públicos para directores de establecimientos: Se negó que los directores actuaran por "criterios de confianza". La defensa explicó que se concursaron otros cargos y que "el presupuesto no alcanza para concursar la dirección de todos los establecimientos", señalando que la actual alcaldesa tampoco ha convocado a todos estos concursos.

La defensa concluyó que ninguno de los cargos presentados logra configurar las causales de notable abandono de deberes ni de contravención grave a las normas de probidad administrativa, solicitando el rechazo total del requerimiento.

Por ahora, se está a la espera de que el Tribunal Electoral del Maule se pronuncie sobre este caso.