La Investigación Sumaria Administrativa de la Armada de Chile ha arrojado conclusiones determinantes sobre el siniestro entre la lancha pesquera Bruma y el buque industrial PAM Cobra. El documento, calificado como "lapidario", despeja las dudas sobre el actuar de la embarcación menor y sitúa la responsabilidad operativa y legal en la tripulación del buque mayor.

El documento establece que el PAM Cobra incurrió en faltas graves al protocolo marítimo internacional. Tras percibir un ruido o "anomalía" durante la navegación, el protocolo exigía realizar un viraje a la derecha y retornar al punto de origen para inspeccionar. Esta acción nunca se realizó.

El informe ratifica que la lancha Bruma  no incumplió ninguna normativa de navegación al momento del accidente.

Según Claudia Urrutia, vocera de las familias, de haber regresado al punto del impacto, habrían encontrado la lancha de inmediato. El hallazgo se produjo finalmente 12 horas después, tiempo que resultó crítico para los tripulantes.

Con los antecedentes de la Armada en mano, la estrategia judicial de las familias apunta ahora al Ministerio Público. Las familias solicitan que se recalifiquen los cargos contra los imputados, argumentando que existió la posibilidad real de prestar ayuda y se decidió continuar la marcha.

La dirigenta de los bacaladeros del Maule cuestionó las prácticas de la industria, mencionando la supuesta costumbre de apagar equipos en alta mar y la falta de empatía ante embarcaciones menores.

La Armada de Chile ya aplicó las primeras medidas de máxima severidad administrativa. Por ejemplo, se resolvió retirar de por vida las licencias marítimas al capitán del PAM Cobra.

Para los familiares, esta sanción confirma la gravedad de los hechos, aunque insisten en que la justicia penal debe actuar con la misma fuerza.

El informe administrativo no solo reordena las responsabilidades, sino que sirve como una prueba fundamental para la fiscalía. La confirmación de que el buque industrial "pasó por encima" de la Bruma sin verificar el daño causado redefine el caso como una negligencia criminal inexcusable para los querellantes.