La bancada conformada por parlamentarios pertenecientes a Renovación Nacional se reunió con el Ministro de Salud, Emilio Santelices para hacerle entrega de dos iniciativas de ley, que ya fueron ingresadas al parlamento. Ambas buscan buscan que las licencias médicas sean pagadas en un plazo máximo de 30 días.

La primera modifica la ley 20.585, estableciendo el pago oportuno de licencias médicas, dando certeza a las personas que hagan uso del subsidio de incapacidad laboral, lo que pretende proscribir todo tipo de dilación indebida que tenga por objeto retardar su pago.

Uno de los artículos de la ley propone que “el pago efectivo del subsidio de incapacidad temporal no podrá exceder de 30 días corridos, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud respectiva a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente” (la Compin).

Además considera la posibilidad de iniciar sumarios administrativos que investiguen y eventualmente sancionen a los profesionales o encargados de conductas que retarden o dilaten injustificadamente.

El diputado Hugo Rey (RN) indicó que “agradecemos que el ministro haya recibido bien este proyecto de ley que hemos trabajado como Renovación Nacional. Esperamos que pronto sea ley, porque miles de chilenos están esperando este pago que injustamente Isapres, superintendencia o Compin, tiene retenido”.

El parlamentario por el Maule Norte aclaró que lo que que quiere este proyecto de ley “es defender a los chilenos más vulnerables del país, que están en situación extrema por el no pago de licencias médicas, demoras de incluso años. Por eso, el proyecto reduce a un plazo máximo de 30 días el pago de este  seguro”.

La otra modificación legal, presentada al ministro de Salud, apunta otorgar mayor claridad a los reclamos y apelaciones de licencias médicas rechazadas ante la Compin y especialmente a la Superintendencia de Previsión Social, fijando plazos para pronunciarse.

En definitiva, proyectos de ley que apuntan a la modernización de la Compín y que Superintendencia de Seguridad Social. Y obliga a que también también tenga ese plazo límite para responder y no hasta 7 meses como se ha demorado hasta ahora en algunos casos.