Uno a uno fueron llegando al Tribunal de Garantía de Curicó los acusados del caso “concejales viajeros”, para enfrentar el juicio oral simplificado que se sigue en su contra, el único que no estuvo presente fue el transportista Mikel Osvaldo Cruz Herrera, quien no justificó su ausencia, por lo que se despachó una orden de detención en su contra.

Entre los 11 acusados se encuentran los tres ediles recientemente reelectos, Jaime Canales González (UDI), Mario Undurraga Castelblanco (UDI) y Leoncio Saavedra Concha (PRSD), los ex concejales Nelson Trejos (UDI), Miguel Limardo (Rn), Luis Rojas (IND), Enrique Soto (DC), Luis Trejos (PS) y Julieta Maureira (PRSD), a los que se suman  los transportistas Jorge Vergara y Mikel Cruz (no asistió).

El grupo completo enfrenta cargos por el delito de fraude al fisco, mientras que los dos transportistas particulares están siendo inculpados debido a que habrían facilitado  facturas y boletas que se falsificaron para justificar viáticos aportados por el municipio, que en realidad no se utilizaron para los efectos de asistir a capacitaciones y eventos donde debían representar a la comunidad curicana.

El Fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Francisco Ávila, persigue a todos los imputados por el delito de fraude al fisco, mientras que a la ex concejal del Partido Radical Social Demócrata Julieta Maureira Lagos, se le suman cargos por falsificación de instrumento público.

“Aquí no estamos hablando de malas prácticas o errores, estamos hablando de delitos, eso es lo que hemos expuesto ante el tribunal, ahora nos toca presentar las pruebas, entre las que vamos a incluir rendiciones que no guardan relación con la realidad. Lo que nosotros planteamos es que se les condene a penas de inhabilitación en su grado mínimo para ejercer cargos públicos” puntualizó Ávila.

Uno de los pocos imputados que quiso hablar en el ingreso a la primera de muchas audiencias que se deberán desarrollar para concluir con este juicio oral, fue el ex concejal del Partido Socialista (con militancia congelada), Luis Trejo Bravo, quien reiteró que los montos involucrados no son tan altos como se han planteado.

“No nos hemos enriquecido, no hemos tenido intención de defraudar al fisco, nosotros pedimos el juicio para demostrar nuestra inocencia” se defendió Trejo.

Además agregó que “los montos asignados no tienen parangón con las millonarias indemnizaciones que se han pagado recientemente por parte del municipio, nadie ha dicho que la semana pasada los actuales concejales gastaron tres veces las cantidades que se nos imputan a nosotros, para financiar viajes a Viña del Mar”.

14 abogados en distintas posiciones y roles estuvieron presentes en la primera audiencia del juicio oral simplificado, que según los pronósticos, debería extenderse por los próximos 15 días.

Cabe mencionar que para la ley orgánica de municipalidades las personas que ostentan el cargo de “concejal” tienen la calidad de “funcionarios públicos” por lo que se les debería aplicar las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico para este tipo de personeros.

Ahora bien, Eduardo Jara del Río, abogado defensor particular del ex concejal de la DC Enrique Soto Donaire, manifestó su desacuerdo con la teoría del Ministerio Público respecto de la calificación del delito, y además asegura estar convencido de que el hecho de no devolver un día de viático no es constitutivo de delito.

“Nosotros le pedimos al tribunal que dicte una sentencia absolutoria y que condene en costas a los querellantes y al Ministerio Público, porque las acusaciones que han hecho respecto de mi defendido son absolutamente infundadas e irresponsables” dijo el abogado y ex alcalde de Curicó.

Agregó que “todos los funcionarios públicos saben que los viáticos no se rinden, si le sobra plata es de él, si no le alcanza, él tiene que poner la diferencia, ósea, el viático es una cantidad fija que no se rinde (…). Yo le aseguro que los fiscales que vienen de San Javier y Cauquenes están recibiendo viático, y ellos no van a rendir nada por su uso”, afirmó Jara del Río.

Desde la parte querellante, el abogado Eduardo Cornejo, insistió en que esta no es una falta moral o de carácter ético como se ha querido instalar en la opinión pública, sino que estamos frente a un hecho delictivo.

“Si ustedes analizan los alegatos de apertura de las defensas, todas están afirmando que estamos frente a errores administrativos, o dineros que por ser autoridades les corresponde por derecho propio, pero acá no se está discutiendo si corresponde o no un viático, nosotros estamos cuestionando la forma de utilización, creemos que eso y la forma de rendirlos no es merecedora solo de un reproche ético o moral. Rendir con documentos falsos es un delito, y es lo que nosotros vamos a acreditar”, aseguró Cornejo.

Las audiencias quedaron programadas para las 9 de la mañana, mientras dure el juicio.