Niños y adolescentes en dictadura: la herida menos visible del Chile militarizado tras 1973

Este es el relato de Yelena Monroy, quien fue enviada a prisión junto con su madre tras el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973 en Chile. Ella es una de los más de 1.000 niños y adolescentes detenidos durante la dictadura.

09 de Septiembre del 2023 · 13:39
Niños y adolescentes en dictadura: la herida menos visible del Chile militarizado tras 1973
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Por VLN Radio

Con información de Associated Press

Yelena Monroy tenía tres años y medio cuando fue encarcelada.

Monroy fue enviada a prisión junto con su madre tras el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973 en Chile. Ella es una de los más de 1.000 niños y adolescentes detenidos durante la dictadura.

“Estábamos asustados, llorábamos”, recuerda Monroy, hoy una ingeniera comercial de 53 años. "Los hechos traumatizantes quedan grabados”.

Los militares buscaban a su madre, Eliana Rodríguez Dubó, encargada de la organización local del Partido Socialista. En octubre de 1973 —apenas un mes después del golpe militar— su vivienda en La Serena, a 470 kilómetros al norte de la capital chilena, fue allanada violentamente.

Su padre, ella y sus cuatro hermanos —todos menores de 12 años— permanecieron un mes bajo arresto domiciliario. Después, Monroy y otra hermana aún más pequeña, quedaron presas por más de un año junto con su madre.

Cuando Pinochet encabezó el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, la mayoría de edad estaba fijada en 21 años. Pero ser menor no evitó que algunos fueran víctimas de la represión. Niños y adolescentes fueron asesinados, detenidos, torturados y hasta utilizados como señuelo para detener a sus padres.

El trauma de lo vivido hace ahora 50 años ha hecho a muchos mantenerse en silencio. Las víctimas menores del régimen militar no son tan abiertas a hablar y el proceso de condena y reparación posterior tampoco hizo una distinción por edad. Pero los menores pusieron casi un 10% de los al menos 3.200 muertos reconocidos en informes de la verdad.

“No los encasillamos por edades, porque todos sufrieron”, dijo a The Associated Press Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, creada en 1976, también reconoce que no tenían “asimilado que había que hacer algo especial con ellos”.

Eso resultó en que, en Chile, los abusos de derechos humanos a menores quedaron poco visibilizados.

Sí hay cifras, en cambio, que dan cuenta de la herida que dejó en ellos los 17 años de dictadura.

Según un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el régimen de Pinochet detuvo a 1.132 menores de 18 años, de los cuales 88 tenían menos de 13 años y 102 fueron arrestados con sus padres o nacieron en prisión.

Otros 307 niños y adolescentes fueron asesinados, según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991.

Los cinco hermanos Monroy —que al inicio de la dictadura tenían entre uno y 12 años— y la tía que los cuidaba vieron a los militares buscar armas en su propio patio. Un soldado les apuntaba con un fusil y otros destrozaban el interior de su casa, relata la ingeniera comercial ahora adulta a The Associated Press.

“Sacaron los libros de mi mamá... Los llevaron al patio de tierra y ahí los quemaron”, revive Yelena Monroy, que también vio cómo pegaron a sus padres. Su madre fue trasladada al regimiento, donde dice que la incomunicaron, torturaron "y todo lo demás”.

Pero sus problemas no terminaron con ese allanamiento en su casa. Los militares volvieron dos meses después, en diciembre.

Se la llevaron a ella y a su hermana Natacha, de un año y 10 meses, al convento del Buen Pastor, donde permanecieron 14 meses detenidas. En el lugar había dos módulos con ventanas altas con rejas de fierro. “Vamos a estar con mi madre presa hasta marzo de 1975”, resume.

Su madre, que tiene ahora 88 años, aún se altera al hablar de lo ocurrido y reacciona casi gritando al escuchar que le dicen “valiente”. Rectifica: “Sobreviviente”. Atendió a la AP para una entrevista en su casa en La Serena, sentada cerca de la biblioteca de la que los militares sacaron sus libros para quemarlos hace ya medio siglo.

El militar que encabezó el allanamiento de su hogar, era, según recuerda, el teniente Juan Emilio Cheyre. Cuando terminó la dictadura, se convirtió en comandante en jefe del Ejército, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2006 y luego se jubiló.

Cheyre fue condenado en 2018 a tres años de cárcel en libertad vigilada por encubrir las ejecuciones de 15 prisioneros políticos en La Serena. Falta la ratificación de la sentencia de la Corte Suprema. También enfrenta una querella por torturas a 24 personas detenidas en el regimiento de la ciudad, donde el entonces teniente Cheyre era ayudante del comandante.

El Ministerio de Justicia ha contabilizado que las víctimas por razones políticas de la dictadura son 40.179, de las cuales 1.469 desaparecieron forzadamente. Con el paso de los años se encontraron fragmentos óseos y de otro tipo que permitieron identificar a 307 desaparecidos. Aún falta ubicar a los 1.162 restantes.

Los muertos llegaron a 3.200, mientras que en la justicia hay 1.300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos y 297 cumplen condenas, 134 de ellos en Punta Peuco, un penal exclusivo para estos crímenes, informó el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Si los adolescentes tenían significación política eran detenidos igual que los adultos. A los niños los llevaban con su padre o madre cuando eran arrestados. Pero también los utilizaban como señuelo. Los ubicaban en algún lugar para atraer a los padres y detenerlos: eran las llamadas “ratoneras”.

Menores o no, solos o con sus parientes, quedaban en un mismo recinto de detención con adultos y seguían el mismo régimen: horarios para levantarse, acostarse y comer. Conventos como el de la congregación del Buen Pastor fueron habilitados como cárceles. Lo mismo pasó con casonas o clínicas de salud.

El Estadio Nacional, en la capital, se convirtió en el mayor centro de detención de la dictadura. Allí llevaron arrestado y golpeado a Roberto Vásquez Llantén, a sus 17 años, por ser un activo militante del grupo estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Había estado en la clandestinidad desde el inicio del golpe, pero el 15 de enero de 1974 lo detuvieron cuando volvía de visitar a su madre. El hombre, que hoy tiene 67 años, pasó un año en el Campo de Prisioneros de Chacabuco, en medio del desierto de Atacama.

Cuenta que carecían de luz eléctrica y sólo tenían agua fría, que la zona de los prisioneros estaba delimitada con alambres de púas y minas antipersonales en el perímetro y que los guardias vigilaban desde torres. Terminó en el exilio en Gran Bretaña; hoy tiene un proyecto de ecomemoria a través de la plantación de árboles.

Con él, había otros 16 menores en el campo de prisioneros.

También las hermanas Fernández Montenegro cayeron presas en febrero de 1974 porque “había una lista hecha por vecinos” del puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al noroeste de Santiago. Viviana, de 14 años, y Morelia, de 17, fueron acusadas de “guerrilleras”. Su madre fue detenida y liberada a las 24 horas. Toda la familia, a excepción del padre, eran comunistas activos.

Estuvieron primero juntas en el Cuartel Silva Palma de la marina, en uno de los muchos cerros habitados del puerto. "Yo estaba en una celda encapuchada mientras unos tipos me pusieron cables con electricidad en los dedos de las manos y con garabatos (groserías) y gritos y amenazas” le preguntaban dónde estaban las armas, relató Viviana.

“Lo único que hacía era llorar y llorar... Sentía mucho miedo, mucho miedo. No sabía en qué lugar estaba, era un miedo tremendo, pensaba que no iba a salir viva de ahí”. Ese episodio le pasó factura, hasta sus parientes le dicen que le cambió el carácter y se hizo más callada.

Su hermana mayor pasó unos días por el cuartel, pero luego fue trasladada al convento del Buen Pastor de Valparaíso donde permaneció recluida un mes.

Cuando la familia se volvió a reunir, “prácticamente hicimos un pacto de silencio, no se habló del tema”. Hasta que 30 años después, en 2004, se enteraron de que la Comisión de Prisión Política y Tortura haría un informe oficial.

Viviana Fernández, que hoy tiene 64 años, y Yelena Monroy integran la Agrupación de ex menores de edad víctimas de la prisión política y tortura, creada hace nueve años ante el hueco de reconocimiento a los niños y adolescentes afectados.

Fernández, vocera nacional, dice que tienen unos 100 miembros, “pero sabemos que son muchos más" y que muchos "todavía tienen miedo de contar lo que les pasó”.

Otros menores de aquella época ni siquiera sobrevivieron para poder hacerlo.

José Gregorio Saavedra González, un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue ejecutado a los 18 años por militares en Calama, en el norte del país, junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973. Su hermana Ángela, de 81 años, habla por él.

Era uno de los detenidos desaparecidos que años después fue localizado e identificado.

“Nos entregaron en una cajita chica un poquito de dedo, un poquito, imagino, de una muelita”, compartió Saavedra con AP.

También Alicia Aguilar Carvajal fue ejecutada. Tenía seis 6 años ese 18 de septiembre de 1973 en que los militares llegaron disparando a una plaza de la barriada Yungay, cercana al centro capitalino, donde jugaba con su hermana Cecilia, que tenía 7 años.

Cecilia Carvajal se salvó porque corrió. Después la encontró un militar, que le aplicó la ley de fuga, una norma usada universalmente en la que un uniformado empieza a contar para que el prisionero corra y luego dispara. “Me ordenó correr mientras contaba hasta 30... Si te pillo, te disparo y te mato”, recordó, entre sollozos.

El silencio o invisibilidad con el que vivieron los menores que fueron víctimas de la dictadura comenzó a cambiar después de 1990, cuando terminó el régimen militar. Pero aún así, Monroy responsabiliza al Estado chileno del desconocimiento de la violación de derechos humanos a los niños.

Fernández coincide: “Hemos sido totalmente olvidados por el Estado, está muy en deuda”.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que consignó más de 30.000 víctimas también lo admite: no están todos los presos políticos y torturados porque sólo incluyeron los testimonios presentados en seis meses.

“Un número desconocido” de personas, reconoce el ente, no testificó en 2004 porque “el dolor, la humillación y el miedo ante las brutalidades padecidas” seguía presente 30 años después.

A Monroy le consta. De los nueve menores detenidos con ella en el Buen Pastor, sólo ella y su hermana se presentaron a declarar.

 

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