Cámara respaldó por unanimidad informe sobre situación carcelaria del país

Con el voto unánime de sus integrantes, la Cámara aprobó el informe entregado por la comisión investigadora sobre la situación carcelaria del país, la cual detectó en su trabajo diversas problemáticas y alarmantes cifras en materia penitenciaria.

El diputado Francisco Pulgar (IND), quien fuera presidente del ente fiscalizador, relató que dentro de los primeros elementos, la comisión constató un aumento muy significativo de las personas privadas de libertad.

“De 2022 a la actualidad, se pasó de 41 mil a 52 mil reclusos en el sistema cerrado, lo que representa más de un 20 por ciento de aumento en un periodo de un año y medio; lo que incide en que la ocupación penal se eleve al 123,4 por ciento”, dijo.

En ese ámbito, el parlamentario precisó que el Gobierno trabaja en el plan de infraestructura penitenciaria que contempla la habilitación de 4.796 nuevas plazas dentro del transcurso de este año y del próximo.

La reinserción social, detalló el legislador maulino, si bien da cuenta de esfuerzos, aún enfrenta grandes desafíos, “y es que las actuales condiciones de hacinamiento y sobrepoblación penal hacen difícil poder avanzar en reinserción, lo cual repercute en que exista un 60 por ciento de reincidencia delictual”.

De acuerdo a lo explicado por el diputado Pulgar, se concluyó también que la sobrepoblación penal favorece que se traspasen conocimientos y se profundicen las redes criminales, “por lo que el tratamiento que se le debería dar a este tipo de delincuencia mucho más organizada, en muchos casos provenientes desde el extranjero, sería eliminar sus redes de contactos para apagar la célula criminal y provocar un efecto en materia de seguridad”.

Finalmente, entre otras propuestas, puntualizó el congresista, la comisión investigadora sugirió construir más centros penitenciarios en el más breve plazo posible; mejorar los programas de reinserción social, involucrar a la sociedad civil en ellos y contemplar planes específicos para mujeres; aumentar al presupuesto de Gendarmería, elaborar mecanismos y protocolos para prevenir y sancionar los actos de corrupción y mejorar las condiciones laborales de los efectivos; e implementar una estrategia distinta para desbaratar las bandas criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios