Poder Judicial aclara que compra de autos para ministros sigue en curso pero que proceso no ha finalizado

El Poder Judicial emitió un comunicado en el que se refiere a la aprobación de la compra de 22 automóviles de lujo marca Lexus modelo ES300h, para lo cual se gastarán $1.253 millones, a fin de renovar la flota en la que se transportan sus ministros.

La adquisición de los vehículos híbridos, de origen japonés y considerados de alta gama con un precio unitario que supera los $56 millones, fue aprobada por el pleno el pasado 2 de febrero tras el análisis efectuado por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

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En la votación, el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco y la ministra, Andrea Muñoz, se opusieron a la compra del modelo, mientras que el magistrado, Mauricio Silva, no participó.

“En relación con las publicaciones aparecidas en la prensa con ocasión de la decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales, es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la CAPJ”, indica el escrito.

Asimismo, el comunicado apunta que “este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin”. Por otra parte, desde el Poder Judicial se precisó que la renovación de la flota se basa también en las fallas de los actuales modelos Toyota Camry, año 2014, que estaban presentando problemas en sus baterías.

En tanto, por parte del Gobierno, la Dirección de Presupuestos emitió una declaración en la que señala que “la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo”.

“Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto”, informó la Dipres. En declaraciones a la prensa, el titular de dicha cartera, Mario Marcel, explicó que “el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo (…) el Gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos”.

“Yo tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”, comentó el ministro. A estos dichos, se sumó el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien refirió que es al pleno de la Corte Suprema al que le corresponde precisar “cuáles son los criterios que lo han llevado a tomar una decisión de esa naturaleza”

“Hay un criterio general que tiene que ver con la situación global del país y que siempre es bueno tener un sentido de austeridad”, acotó Monsalve.

Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), Marcelo Acevedo, calificó la compra de los automóviles como “fuera de lugar” y agregó que “es un poco contradictorio el momento del país y el nivel de problemas que tiene el Poder Judicial, con esta compra para solo 22 personas ser beneficiadas”.

En base a lo anterior, el dirigente anunció que harán una petición formal a la Corte Suprema para desistir en la adquisición “y se compren unos vehículos, como dice la declaración pública, que cumpla los estándares, pero que no sea de alta gama”.